En Chicligasta, trabajadores rurales suspendieron sus tareas de cosecha debido a la lluvia y el frío, en un hecho que se difundió en redes sociales y fue confirmado por el delegado regional de UATRE, Germán Ferrari. Según relató, el encargado de la empresa Servicio Agrícola La Martina SRL pretendía que los obreros continuaran trabajando bajo esas condiciones, lo que generó el rechazo inmediato de los empleados, quienes se negaron a realizar la tarea por considerarla inhumana e imposible de cumplir.
Ferrari explicó que no se trata de un episodio aislado, ya que la empresa acumula más de 150 denuncias en la Secretaría de Trabajo, de las cuales apenas una mínima parte fue resuelta. Entre las irregularidades señaladas figuran retenciones indebidas en los pagos, descuentos injustificados y falta de cumplimiento de normas básicas de seguridad laboral. Aunque los trabajadores están registrados, sufren quitas en sus salarios y carencias en la provisión de ropa adecuada.
El dirigente gremial también se refirió al Plan Intercosecha, que otorga un ingreso a los trabajadores temporarios entre campañas. Señaló que el monto permanece congelado en 123.000 pesos desde 2024 y que se solicitó un aumento a 260.000, aún sin respuesta de la Secretaría de Trabajo de la Nación. El padrón de beneficiarios en Tucumán supera los 30.000 trabajadores y podría llegar a 36.000 en octubre. Ante la falta de definiciones, no se descartan medidas de acción directa.
Por otra parte, recordó el pedido del secretario general de UATRE, José Voytenco, para prorrogar el régimen que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con determinados planes sociales, iniciativa que todavía no obtuvo respuesta del Ministerio de Capital Humano.
El conflicto en Chicligasta refleja un problema estructural: trabajadores que producen bajo condiciones adversas, empresas con denuncias acumuladas y expedientes demorados en la Secretaría de Trabajo. La expectativa está puesta en que las autoridades nacionales y provinciales den respuestas concretas para garantizar derechos básicos y evitar que la precariedad siga marcando la vida de miles de familias rurales.
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