El Gobierno de Javier Milei atraviesa una tensión interna marcada entre el ala política, que buscaba sostener medidas para recomponer ingresos y actividad, y la decisión presidencial de cortar con el “Estado presente”. La cadena nacional sobre Malvinas le permitió al Ejecutivo retomar la iniciativa y salir del modo defensivo, instalando la “causa sagrada” libertaria como eje discursivo. Sin embargo, el trasfondo económico muestra un deterioro profundo: la industria cayó un 5% y la construcción un 4,6% en julio, con empleo formal destruido y consumo en retroceso. Frente a esos datos, Milei y Luis Caputo optaron por no reaccionar con estímulos, confiando en que los créditos en dólares, hipotecarios, las obras viales y las paritarias recompondrán el poder adquisitivo hacia fin de año.

En paralelo, Karina Milei endureció su postura en los acuerdos electorales, condicionando cualquier pacto a la suspensión de las PASO, lo que genera fricciones con aliados y con sectores del PRO. La oposición, mientras tanto, logró imponer agenda en Diputados con proyectos sobre morosidad y discapacidad, obligando al oficialismo a negociar y a desplegar estrategias discursivas para “ganar aun perdiendo”. La reasignación de fondos a la SIDE, gestionada por Santiago Caputo en el marco de la gesta malvinera, muestra que para ciertas áreas sí hay recursos, aunque no para políticas de corte social.

El viaje previsto de Milei a Londres, el primero de un presidente argentino en casi tres décadas, se inscribe en esta nueva retórica malvinera y obliga a definir qué lugar ocupará el reclamo por la soberanía del archipiélago. La Casa Rosada busca persuadir a la oposición con sanciones a empresas internacionales involucradas en la explotación de recursos en la plataforma marítima argentina, incluso compañías estratégicas para países aliados como Israel. La apuesta es clara: instalar Malvinas como bandera política, aun cuando la economía se convierte en el verdadero factor que determinará la suerte del Gobierno.

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