Luego de más de veinte años, la política tucumana vuelve a poner sobre la mesa un debate que parecía clausurado: la restitución de una Fiscalía Anticorrupción. La propuesta ingresada recientemente en la Legislatura busca crear la Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica, con competencia en toda la provincia y autonomía presupuestaria, dentro del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto, impulsado por legisladores opositores como Manuel Courel, José Seleme, Agustín Romano Norri y Ricardo Bussi, apunta a garantizar que las investigaciones sobre delitos contra la administración pública no dependan de coyunturas políticas ni de la voluntad de las autoridades de turno. La iniciativa prevé que el fiscal anticorrupción sea designado por concurso público y que no tenga antecedentes de participación en el Poder Ejecutivo ni en partidos políticos, buscando blindar la independencia de la función.
Uno de los aspectos más novedosos es la incorporación de la querella colectiva, que permitiría a organizaciones civiles, legisladores y concejales constituirse como parte en los procesos de corrupción. Según Courel, la corrupción no afecta solo a individuos, sino que lesiona derechos colectivos, el patrimonio estatal y el funcionamiento de las instituciones, por lo que la participación ciudadana resulta clave para romper la impunidad.
La propuesta se enmarca en un contexto de frustración por la falta de avances en causas de corrupción, como la denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, donde la Justicia rechazó la constitución de Courel y otros dirigentes como querellantes por no ser “víctimas directas”.
El antecedente inmediato de esta discusión remite a la oficina creada en 2000 y disuelta en 2005 por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Aquella Fiscalía Anticorrupción había acumulado unas 400 causas en trámite, pero su cierre dejó la investigación de delitos contra el Estado en manos de las fiscalías ordinarias, que ya cargaban con miles de expedientes.
Hoy, el regreso de una fiscalía especializada aparece como un intento de dar respuesta a una demanda social persistente: que los casos de corrupción no queden atrapados en la maraña judicial y política, y que exista un organismo capaz de investigar con independencia y rigor.
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