El PAMI atraviesa una crisis que se profundiza y golpea de manera directa a miles de afiliados en todo el país. En las últimas semanas, distintos conflictos expusieron el deterioro del financiamiento del organismo y la tensión creciente con sus prestadores. En Concordia, Entre Ríos, unos 15.000 jubilados quedaron sin cobertura privada tras la ruptura definitiva del convenio con el principal sanatorio de la ciudad. En la Patagonia, 300.000 afiliados padecieron un paro de 24 horas que interrumpió la atención programada. En el AMBA, Córdoba, Mendoza y San Juan, clínicas y sanatorios suspendieron turnos, cirugías y prácticas diagnósticas durante 48 horas. A nivel nacional, los centros de diálisis advirtieron sobre el riesgo de discontinuidad de tratamientos vitales.
El denominador común en cada provincia es el mismo: un desfase entre la inflación y los aranceles que PAMI paga a sus prestadores. En Catamarca, el conflicto se manifiesta en farmacias que no logran reponer stock de medicamentos con cobertura total, obligando a los jubilados a recorrer varios establecimientos o afrontar pagos de bolsillo. Los médicos de cabecera y especialistas señalan que honorarios y cápitas están desfasados frente a los costos operativos, lo que se traduce en demoras prolongadas para conseguir turnos. Las clínicas reclaman actualizaciones urgentes en módulos de internación y en insumos de alta complejidad como prótesis y marcapasos.
La raíz del problema es estructural: los recursos que recibe el PAMI no alcanzan para cubrir el costo creciente de atender a una población de adultos mayores cada vez más numerosa y longeva. La informalidad laboral y el deterioro del empleo registrado achicaron la masa contributiva, mientras que el envejecimiento poblacional multiplica la demanda de medicamentos, internaciones y tratamientos de alta complejidad. A esto se suma la política fiscal del gobierno nacional: cuando el Tesoro decide contener transferencias para sostener el superávit, PAMI se ve forzado a ajustar prestaciones, postergar pagos o acumular deuda.
El panorama se agravó con la desaparición de recursos tributarios como el Impuesto PAIS, vigente hasta diciembre de 2024, que si bien no estaba destinado exclusivamente al PAMI, contribuía a sostener el gasto en seguridad social. El Presupuesto 2025 ya computa recaudación cero por ese concepto, mientras que las obligaciones sanitarias que ese dinero ayudaba a financiar siguen vigentes. La ley que regula al organismo establece el carácter intangible de los recursos destinados a sus prestaciones, un mandato que el gobierno debería asumir como prioridad para evitar que la crisis se convierta en un colapso irreversible.
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