El nuevo Régimen Penal Juvenil en Tucumán marca un cambio profundo en la manera en que la Justicia abordará los delitos cometidos por adolescentes. La norma reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que significa que todos los jóvenes entre 14 y 18 años deberán responder penalmente por sus actos. Este giro implica que conductas que antes podían considerarse travesuras, como falsificar documentos para ingresar a un boliche, ahora serán tratadas como delitos con consecuencias judiciales.
La ley reemplaza al decreto de la última dictadura militar y amplía el alcance de la responsabilidad penal juvenil. Ya no se limita a delitos con penas superiores a dos años, sino que cualquier infracción contemplada en el Código Penal podrá ser imputada. Además, los padres tendrán obligaciones directas: deberán afrontar las reparaciones económicas que determine la Justicia en caso de condena.
El régimen establece tres escalas de delitos. En los casos leves, los adolescentes continuarán el proceso en libertad, aunque con restricciones como prohibición de acercarse a la víctima, tareas comunitarias o incluso el uso de tobillera electrónica. Para los delitos intermedios, con penas de entre tres y diez años, el juez podrá reemplazar la privación de libertad por medidas alternativas, siempre con informes especializados y acuerdo del fiscal. En los delitos graves, con penas superiores a diez años o resultado de muerte, los acusados podrán quedar bajo arresto domiciliario, en institutos abiertos o centros especializados, pero nunca recibirán prisión perpetua: la pena máxima será de quince años.
Ejemplos recientes muestran cómo se aplicaría la norma. Los menores acusados de homicidios deberían permanecer en centros de detención especializados, con posibilidad de estudiar o trabajar. Los adolescentes que llevaron armas a una escuela o realizaron amenazas de tiroteos serían procesados y podrían recibir medidas restrictivas, mientras que los padres afrontarían reparaciones económicas. Incluso casos vinculados a la generación de imágenes íntimas mediante inteligencia artificial podrían derivar en procesos penales y reclamos millonarios.
Las estadísticas reflejan la magnitud del cambio: hasta agosto, 316 menores fueron detenidos en la provincia, apenas el 3% del total. Con el régimen anterior, solo el 20% era procesado; con el nuevo, se estima que hasta el 80% podría ser formalmente acusado. Los adolescentes que reciban prisión preventiva o condena cumplirán la medida en el Instituto Cura Brochero, dentro del penal de Benjamín Paz, especialmente diseñado para alojar menores.
El nuevo sistema redefine la frontera entre travesura y delito, y coloca a Tucumán en el centro del debate nacional sobre cómo debe responder la Justicia frente a los adolescentes en conflicto con la ley.
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