El próximo sábado 5 de septiembre marcará un antes y un después en la legislación penal juvenil argentina con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que sustituye al régimen de menores vigente desde 1980. La norma establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y abre el Código Penal completo a los adolescentes, lo que implica que conductas que antes no eran perseguidas, como amenazas, lesiones leves o actos de vandalismo, ahora podrán tener consecuencias penales reales. Este cambio, considerado histórico, busca adecuar el sistema a los estándares internacionales de derechos humanos, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, que desde 1994 tiene jerarquía constitucional en nuestro país.
El juez penal de niños, niñas y adolescentes Federico Moeykens explicó que la nueva ley no solo amplía el alcance de la responsabilidad penal juvenil, sino que también refuerza la responsabilidad civil de los padres, quienes deberán responder económicamente por los daños ocasionados por sus hijos. Esto pone el acento en el deber de supervisión y orientación dentro del hogar, para evitar que los adultos se vean obligados a afrontar consecuencias patrimoniales por hechos cometidos por adolescentes bajo su cuidado.Moeykens subrayó que la privación de la libertad será el último recurso, reservado únicamente para delitos de extrema gravedad y por el menor tiempo posible. El sistema priorizará medidas alternativas como programas socioeducativos, reglas de conducta, tareas comunitarias y mecanismos de supervisión, con el objetivo de reinsertar al adolescente en la sociedad y corregir su rumbo sin recurrir al aislamiento. En este sentido, el artículo 4º de la ley establece que la finalidad es formativa y reparadora, no punitiva en el sentido tradicional.
El impacto de esta reforma se extiende también al ámbito digital. Conductas como hostigar mediante mensajes, difundir imágenes íntimas —incluso generadas con inteligencia artificial— o viralizar peleas escolares podrán ser consideradas delitos bajo el nuevo régimen. Por ello, el juez destacó la necesidad de promover una alfabetización legal en hogares, escuelas y barrios, para que los jóvenes comprendan que determinadas acciones tienen consecuencias más allá de una broma o un juego.La sanción de esta ley responde a una deuda de la democracia argentina, que durante más de cuatro décadas no logró actualizar el régimen penal juvenil pese a los cambios políticos y sociales. Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, el país da un paso hacia un sistema más acorde con los compromisos internacionales en materia de niñez y adolescencia, aunque el desafío ahora será su implementación efectiva y la capacidad de la sociedad para acompañar este proceso con prevención, educación y responsabilidad compartida.
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