Operativo en El Cadillal: notifican a ocupantes irregulares y avanzan con el reordenamiento territorial.
El operativo en el dique El Cadillal volvió a poner en agenda la problemática de las ocupaciones irregulares en zonas de alto riesgo hídrico y turístico de la provincia. El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazano, detalló que se notificó a los ocupantes de unas doce viviendas levantadas en el área conocida como La Chepa, donde no está permitido construir por tratarse de bienes de dominio público y por el peligro que implica estar tan cerca del espejo de agua. La medida apunta a preservar el patrimonio provincial y, sobre todo, a proteger la vida de las personas frente a fenómenos climáticos como la corriente del Niño, que podrían elevar el nivel del dique y generar situaciones de riesgo.
Ferrazano explicó que muchas de estas edificaciones se realizaron aprovechando la ausencia del Estado en un lugar de gran atractivo turístico, y que en caso de corresponder se avanzará con desalojos. Subrayó además que el gobierno provincial creó un registro de bienes del Estado, disponible en la página de Catastro, donde ya figuran más de 55.000 inmuebles empadronados. En los últimos dos años se recuperaron más de 1.200 hectáreas, y la tarea continúa en todo el territorio, con denuncias que llegan diariamente y que requieren un trabajo administrativo, técnico y judicial para determinar la actuación de la fiscalía.
Respecto a quienes alegan haber comprado de buena fe, el funcionario aclaró que cada caso debe analizarse en particular y que la buena fe debe probarse. Recordó que antes de cualquier transacción inmobiliaria es indispensable verificar en el registro inmobiliario y en Catastro la titularidad del inmueble, ya que si pertenece al Estado provincial está fuera del comercio y no puede venderse ni arrendarse.
El proceso de reordenamiento territorial que impulsa el gobierno busca frenar la venta ilegal de tierras, ordenar el uso de espacios públicos y garantizar que las zonas de riesgo no sean ocupadas. Se trata de una política que combina la defensa del patrimonio estatal con la seguridad de la población, y que pretende dar respuesta a un problema histórico en Tucumán.
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