IPLA: el Gobierno busca frenar la normalización
El Gobierno de Tucumán presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema provincial para revertir el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó poner fin a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y fijó un plazo de 60 días para conformar su Directorio. La apelación, impulsada por Fiscalía de Estado, sostiene que el tribunal se excedió en sus facultades al imponer una orden de hacer sobre potestades reservadas a la administración pública y cuestiona la legitimación otorgada a los demandantes, propietarios de locales de entretenimiento.
El escrito remarca que no existe un derecho subjetivo afectado que habilite a particulares a discutir judicialmente el organigrama estatal y acusa a la Cámara de haber relajado los estándares probatorios en el tramo referido a la normalización institucional. Además, advierte que el fallo vulnera el principio republicano de división de poderes al intimar al Ejecutivo a designar el Directorio en un plazo determinado, cuando esa decisión depende también del acuerdo legislativo.
La Cámara había fundamentado su resolución en la duración de la intervención, que ya lleva más de 26 años, y señaló que una medida de excepción no puede convertirse en un modo ordinario de administración. Ahora, con el recurso presentado y la reserva del caso federal, será la Corte Suprema de Tucumán la que defina si sostiene la orden de normalizar el organismo o si revoca el mandato impuesto a la administración provincial.
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