La urgencia de reglamentar la ley contra la ludopatía juvenil en Tucumán
La ley contra la ludopatía juvenil sancionada en Tucumán a fines de 2024 sigue sin reglamentarse en su totalidad, lo que genera un vacío preocupante frente a un problema que se expande con rapidez. La norma surgió del consenso de once proyectos presentados por distintos bloques políticos y fue aprobada por unanimidad, lo que refleja la magnitud del flagelo. Sin embargo, la falta de implementación efectiva deja a miles de adolescentes expuestos a las plataformas de apuestas online, que operan sin controles adecuados y con una fuerte presencia publicitaria.
La legislación prevé dos ejes centrales: por un lado, la supervisión de todo el juego online bajo la órbita de la Caja Popular de Ahorro, con la obligación de bloquear accesos y realizar campañas preventivas; por otro, la creación de una mesa interministerial destinada a coordinar acciones de concientización y abordaje de la problemática. Ninguno de estos mecanismos funciona plenamente. La legisladora Silvia L. de Pérez subrayó que se trata de una decisión política y no presupuestaria, ya que las campañas masivas de prevención pueden realizarse con recursos existentes y los controles técnicos son perfectamente viables.

Las estadísticas son alarmantes: uno de cada cuatro chicos de 12 años ya realizó alguna apuesta online, y uno de cada ocho contrajo deudas. UNICEF advierte que 8 de cada 10 adolescentes han accedido o conocen a alguien que apostó en línea, mientras que el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señala que 7 de cada 10 menores presentan cuadros de ansiedad vinculados a estas prácticas. Además, el Consejo Publicitario Argentino revela que el 75% de los jóvenes ha visto publicidad de apuestas y el 79% la recibe a través de influencers o streamers, lo que naturaliza el juego y lo convierte en una actividad cotidiana. La facilidad de acceso a billeteras virtuales agrava el panorama, ya que el 83% de los menores que apuestan las utilizan para realizar transacciones.

La falta de reglamentación convierte a la ley en letra muerta y expone a los adolescentes a un riesgo creciente. La proliferación de plataformas, la publicidad agresiva y la ausencia de controles estatales consolidan un escenario en el que los jóvenes aprenden a endeudarse antes que a ahorrar. La urgencia de reglamentar la norma es evidente: se trata de una política pública prioritaria que debe implementarse de inmediato para frenar un fenómeno que amenaza con convertirse en una crisis social de gran escala.
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