Daisy Saavedra, muestra un panorama de crisis estructural que se arrastra desde hace años y que hoy se profundiza con el paro nacional de médicos de cabecera y odontólogos. La dirigente gremial explicó que los aranceles que paga la obra social son insuficientes unos dos mil pesos por afiliado y que esa falta de actualización lleva a que los profesionales cobren directamente a los jubilados por prestaciones básicas. En la provincia, los afiliados deben pagar entre 10.000 y 20.000 pesos por recetas o interconsultas, lo que golpea de lleno a quienes perciben haberes mínimos y además deben afrontar el costo de medicamentos.
Saavedra señaló que el sistema está mal financiado y mal auditado, lo que genera demoras de meses para acceder a estudios médicos, mientras que quienes tienen recursos logran atención inmediata pagando aranceles elevados. Esta dinámica convierte a la gratuidad en una ficción: los jubilados terminan pagando por servicios que deberían estar cubiertos, y los más vulnerables quedan relegados a la atención pública, que también se ve sobrecargada y endeudada por los compromisos del PAMI.
La dirigente denunció además un proceso de vaciamiento de personal, con retiros voluntarios que ya alcanzaron a más de 1.400 trabajadores en todo el país, y con salarios que se ubican por debajo de los de comercio. Los empleados de PAMI, dijo, están “administrando la pobreza y la enfermedad de nuestra gente”, en un contexto en el que la gestión actual carece de profesionales para auditar las prestaciones médicas, mientras se incorporan militantes y familiares de políticos en puestos administrativos.
El paro nacional refleja un reclamo justo por la actualización de aranceles, aunque en Tucumán las oficinas del PAMI permanecen abiertas y los trabajadores continúan atendiendo. Sin embargo, la atención se resiente: los afiliados reciben respuestas negativas, deben pagar para acceder a servicios o recurrir a amparos judiciales, lo que genera más gastos para el organismo y más frustración para los jubilados. Saavedra advirtió que el interventor actual conoce perfectamente la situación, pero que la falta de gestión y la política nacional de ajuste limitan cualquier solución.
El panorama es crítico jubilados que pagan por todo, profesionales que abandonan el sistema por falta de rentabilidad, trabajadores precarizados y un organismo que acumula deudas con prestadores públicos y privados. La crisis del PAMI se convierte así en un reflejo de la fragilidad del sistema de salud argentino, donde los más afectados son los adultos mayores que dependen de una cobertura que debería ser integral y gratuita, pero que en la práctica se ha transformado en un circuito de pagos, demoras y desatención.
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