El escándalo que enfrenta la Legislatura tucumana sigue sumando capítulos y tensiones. El cruce entre el oficialista Tomás Cobos y el opositor Ricardo Bussi, originado en las acusaciones sobre supuestos “bolsos” retirados de la Presidencia de la Cámara y de la Casa de Gobierno, derivó en un pedido formal de sanciones. Bussi presentó una cuestión de privilegio contra su par, a quien acusó de incitar a la violencia física en pleno recinto, y fundamentó que sus expresiones afectaron la inmunidad de opinión garantizada por la Constitución provincial.
El episodio se produjo durante el debate por la designación de Eduardo Cobos, padre del legislador, como interventor del Ersept. Allí, Bussi cuestionó su paso por la Defensoría del Pueblo y lo vinculó con fines electorales, lo que provocó una reacción airada de Cobos. El oficialista acusó a la oposición de ser “los primeros que pasan por Presidencia o por la Casa de Gobierno a pedir bolsos”, lo que generó un intercambio de acusaciones y gestos que terminó con Cobos invitando a Bussi a salir del recinto. El republicano denunció amenazas y pidió que se apliquen las facultades correctivas previstas en la Constitución.
Las repercusiones fueron inmediatas. El vicegobernador Miguel Acevedo negó enfáticamente que existan retiros de bolsos en su gestión y aclaró que no presidió la sesión en cuestión. Otros legisladores, como Alfredo Toscano y Agustín Romano Norri, coincidieron en que las acusaciones deben dirimirse en la Justicia y no en el recinto, mientras que Fernando Juri Debo lamentó los dichos de Cobos y los atribuyó a su inexperiencia frente a la habilidad de Bussi para sacarlo de su carril. Desde La Libertad Avanza, Matías Sabaté calificó el episodio como “gravísimo” y sostuvo que desprestigia al sistema político en general.
El caso expone la fragilidad del debate parlamentario y la tensión entre oficialismo y oposición en Tucumán. Más allá de las desmentidas, el pedido de sanciones contra Cobos abre un nuevo frente institucional y deja en evidencia la necesidad de que las denuncias se canalicen en el ámbito judicial, para evitar que la Legislatura se convierta en escenario de acusaciones sin pruebas y enfrentamientos personales que deterioran la imagen del cuerpo ante la ciudadanía.
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